Internación provisoria del adolescente
Manuel Jesús López Lara.
27 de Febrero de 2011.
Un tema complicado a la hora de su aplicación debido al conflicto que producen los principios generales consagrados en instrumentos internacionales y la restrictiva interpretación de la ley. Los distintos tratados internacionales en relación a la responsabilidad penal adolescente establecen que como medida de último recurso el menor puede ser privado de su libertad, hay muchas razones que sirven para esgrimir esta idea tanto sociológicas (afectación en su reintegración dentro de la sociedad) como psicológicas (estigmatizar al adolescente como un mal elemento), estableciendo ante todo él interés superior del niño.
El interés superior del niño es un principio algo oscuro dentro de este catalogo de nuevos derechos que nacieron para los niños y adolescente ya que es susceptible a diversas interpretaciones e incluso se podría pensar en una especie de proteccionismo encubierto, pero claro esta de que la más fiel interpretación de este principio es la de entregar al adolescente todos los derechos y garantías que están consagrados tanto en las legislaciones vigentes internas de cada país como lo establecido en los distintos instrumentos internacionales de la materia.
Al tener el adolescente todo el catalogo de derechos, también se añaden las cargas que este deberá soportar, obviamente matizadas a la realidad de los jóvenes diferenciándose del derecho penal del adulto al tener un trato especial, aunque con muchas alusiones explicitas, dentro de la ley 20.084, al mismísimo Código Procesal Penal, o sea, utilizando parámetros pensados para mayores al momento de legislar siendo aplicado a menores de edad, como un claro ejemplo, el plazo de la suspensión condicional del procedimiento que son los mismo para un adulto como para un adolescente.
Dentro de estas instituciones y contemplada en la ley 20.084, nos encontramos con la internación provisoria, como medida cautelar, institución muy afines con la prisión preventiva, pero en distintas condiciones y con distintas duraciones, aunque la ley nada dice al respecto, algo que vino a dejarnos más claro la ley 20.191.
¿Cuándo se debe aplicar la internación provisoria al adolescente?
La internación provisoria aparece contemplada en el artículo 32 de la ley 20.084, artículo que no define claramente a la institución, pero establece Las directrices y da los parámetros dentro de los cuales esta medida cautelar es posible aplicarla.
Al parecer, la ley es muy clara al respecto de cuando se debe aplicar la internación provisoria al adolescente. La primera barrera es objetiva, que se trate de un adolescente con imputación de alguna conducta que de ser cometidas por una persona mayor de dieciocho años constituiría crimen, la segunda barrera es lo que establece el artículo 33 de la ley 20.084, el principio de la proporcionalidad, el juez en ningún caso podrá decretar medidas desproporcionadas en relación a la probable sanción que pudiese aplicar en caso de condena y la tercera barrera es de carácter argumentativo, por parte del ministerio público, que debe lograr demostrar con supuestos materiales la necesidad de cautela.
En la primera barrera, el delito es en abstracto, no se ve la posible pena que se pueda aplicar, si no que dice relación con el tipo delictual que corresponde. Si es un delito de crimen, recién se puede discutir la internación y pasar a la segunda barrera, en esta se habla de proporcionalidad, que la medida no debe ser más gravosa que la posible condena y viendo que la mayoría de las sanciones para los adolescentes infractores no son privativas de libertad, entonces la medida de internación provisoria, seria a todas luces, más gravosa y desproporcionada que cualquier pena no privativa de libertad a la cual pueda ser condenado el menor, entonces en este punto se ve a esta medida cautelar cada vez más limitada y al ser armonizada con el articulo 33 y además con el articulo 26 en sus incisos 1ero. (“La privación de libertad se utilizara solo como medida de último recurso”) y 2do. (“En ningún caso se podrá imponer una pena privativa de libertad si un adulto condenado por el mismo hecho no debiere cumplir una sanción de dicha naturaleza”) se reafirma aun más la idea. La tercera barrera, de índole más argumentativa, Esta estrictamente relacionada con la habilidad deductiva que el fiscal tenga en el caso de sustentar presupuestos facticos que demuestren la necesidad de esta cautela.
Ahora y acorde a lo establecido en las reglas de Beijing en su numeral trece, trata explícitamente el tema de la prisión preventiva en 5 puntos, de los cuales deja bastante en claro que siempre se debe optar por distintas medidas antes de la privación de libertad, pero tampoco la descarta por completo, por que en los puntos 3,4 y 5 hablan del tratamiento que debe tener el menor si se encuentra en la situación de la internación provisoria. Se deja entre ver entonces que existe cierta predisposición que podría entenderse como adecuada, pero que al leer los dos primeros puntos (en relación a que la privación de libertad es el último recurso), guardan una cierta armonía estas normas; pero restringiéndonos a la realidad, esta medida se hace más popular debido a que no existen medidas sustitutorias eficaces como para poder aplicar de forma certera a los adolescentes, de esta manera vemos que se vuelve ineficaz el sistema en si.
En este punto entonces encontramos muchas contradicciones, se trata como de ultima ratio el hecho de privar a un adolescente de libertad, pero al haber recursos insuficientes, se recurre a la internación provisoria, punto que también hace contradicción con el principio de proporcionalidad y los tipos de penas que le son impuestas a los adolescentes (Las no privativas de libertad), el gravamen es evidente y es una realidad debido a que los jueces cada vez están otorgando mas internaciones provisorias, este fenómeno tiene dos posibles respuestas, los adolescente están actuando cada vez de forma más violenta o esta medida cautelar se está aplicando mal.
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